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1,6 millones de jóvenes estuvieron desempleados en el trimestre febrero-abril de 2021 y 3.298 no estudiaban ni se encontraban ocupados.

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

La población joven viene aumentando en las últimas dos décadas y a hoy, representa un poco más del 21,8% de la población total colombiana, equivalente a 10.990.268 jóvenes entre los 14 a 26 años, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–. 

Sumado a esta población hay un grueso importante de personas (jóvenes adultos) entre los 29 y 39 años que, en términos de mercado laboral, también favorecen la productividad del país en la medida que la población envejece.

“Aunque la tasa de natalidad en Colombia ha venido decreciendo, se tiene una fuerza laboral importante que hace parte de la población económica activa (15 a 64 años) sobre los potencialmente dependientes (menores de 15 y mayores de 65 años)”, explicó el profesor y economista de la Facultad de Ciencias Económicas, Cristian Sánchez Salazar.

En la foto: el profesor Cristian Sánchez Salazar, coordinador académico del pregrado en Desarrollo Territorial

De acuerdo con el profesor Sánchez, integrante del grupo de Macroeconomía Aplicada, el índice de Juventud (15 a 29 años) para 1985 era de 32.5 y para 2018 de 26.2, mientras que el índice de Envejecimiento pasó de 11.2 a 49.5, sugiriendo que la participación de la población joven sobre el total ha caído en las últimas dos décadas; sin embargo, agregó el economista, el índice de dependencia demográfica, que mide la relación entre la población en edades potencialmente dependientes y la población potencialmente activa se redujo, al pasar de 61.70 en 1985 a 41.8 en 2018, esto por efecto en la variación de la población menor de 15 años y el incremento de las personas mayores de 64 años de edad.

Un cambio demográfico que puede traer importantes impactos en diferentes frentes, entre ellos, los programas de seguridad social en el mediano plazo, no porque pueda existir mayor población dependiente, sino por las condiciones laborales en que se encuentre la población económica activa, como es el caso de los jóvenes y jóvenes adultos.

En el trimestre febrero-abril de 2021, 3.298 jóvenes entre 14 y 28 años no estudiaban ni se encontraban ocupados (NINI),  lo cual representó el 26,6% de personas en edad de trabajar y para el mismo periodo, 1,6 millones de jóvenes estuvieron desempleados, registrando una tasa de desempleo juvenil de 23% (2,3 puntos porcentuales mayor al mismo trimestre de 2020).

“El bono demográfico no es permanente, por el contrario, con el tiempo se tendría que hacer un mayor esfuerzo fiscal para los programas sociales de adultos como las pensiones y el sistema de salud”, dijo el profesor Sánchez.

Y es que en Colombia existen dos regímenes pensionales, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS– y el Régimen de Prima Media –RPM–. Este último, administrado por Colpensiones que corresponde al Sistema Público de Pensiones, donde los aportes de los trabajadores van a un fondo común que financia las mesadas de la población pensionada. 

En tal sentido, señaló Sánchez, “en la medida en que los jóvenes no estén empleados o sean empleados informales el fondo tiende a desfinanciarse, dado que gran parte de los recursos de los nuevos cotizantes también financian a quienes están pensionados, si no el Estado cubre parte de esos recursos”. 

Entonces, si no hay nuevos cotizantes habrá presión financiera sobre el RPM, de ahí la importancia de las condiciones laborales en que se encuentren los nuevos cotizantes.

Teniendo en cuenta el rango de edad de la población joven en Colombia, hasta tanto no se tenga mayoría de edad (18 años) y una formación secundaria o media finalizada, el joven no podrá acceder a un trabajo formal que le permita hacer aportes a seguridad social.

Datos citados por el profesor Sánchez, indican que cuatro de cada 10 personas apenas cotizan a seguridad social (salud y pensión), las otras seis están en actividades de informalidad laboral y no hacen sus aportes, “el desafío en términos del sistema de seguridad social es que todas las personas que estén trabajando aporten, pero lo grave de la situación es que el 60% de quienes laboran son informales”.

De manera que, insistió el académico, “es fundamental hacer pedagogía sobre la población informal e independiente para cotizar al sistema pensional en sus dos regímenes, sobre todo por criterios de ahorro y bienestar social más que como un gasto, pues también puede presentarse una situación de invalidez que le impida al trabajador seguir laborando”.

Para el profesor Mauricio López González, coordinador del grupo de Macroeconomía, al referirnos sólo a que los trabajadores formales están cotizando a pensión, “estamos dejando por fuera un segmento grande de la población dentro del cual hay mucha población joven, pero si tuviéramos la posibilidad de que esos informales coticen, lograríamos no sólo un mayor ahorro pensional para el agregado, sino que esos trabajadores puedan pensionarse”.

En la foto, el profesor Mauricio López González

Si bien, los trabajadores independientes pueden hacer aportes a salud y pensión y para aquellos que perciben menos de un salario mínimo existen los BEPs, este último ha causado polémica al generar protección para la vejez por debajo de un salario mínimo. Variable que también incide sobre el sistema pensional público.

Desde el grupo de investigación, expresó el profesor Sánchez, se percibe que en la base de ingresos existe una desproporción en los aportes, explicó el académico, “sólo a partir de 2.5 salarios mínimos el aporte es cercano al 11% de manera constante, pero para salarios inferiores la proporción es mayor y con menor frecuencia”.

Finalmente, la estructura del mercado laboral anclado al aseguramiento en seguridad social ha mostrado ser poco eficiente. Por un lado, alta informalidad y baja productividad y por otro, desempleo y pertinencia educativa que posibilite la vinculación de jóvenes a puestos de trabajo dada su formación, donde de acuerdo con Sánchez, hay mayor favorabilidad en las principales ciudades, pues en otras regiones aun cuando el desempleo puede ser menor, hay baja productividad y pertinencia laboral.

Por tanto, el sistema educativo no soluciona un problema de desempleo juvenil, reiteró el profesor López, hay elementos estructurales como la normatividad, las motivaciones de los empresarios para captar talento joven y la educación vinculada con las vocaciones productivas de los municipios, que han imposibilitado mayor participación de esta población en el mercado laboral, pero además, concluyó el investigador, “son las mismas motivaciones de los jóvenes, donde muchos de ellos muestran desinterés por las vocaciones productivas del territorio y prefieren estudiar los programas tradicionales, olvidando que en otras áreas quizá haya mayor facilidad para encontrar empleo formal”.  

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